La invisibilización y criminalización de la protesta social

Hace más de tres años centenares de personas nos encontrábamos frente al Parque de la Ciutadella en Barcelona, un 15 de junio de 2011, donde se encuentra el Zoo de Barcelona y el Parlamento de Catalunya. Nos habíamos reunido allá dentro de la campañaAturem el Parlament una convocatoria espontanea propuesta por diferentes colectivos el día que se iban a aprobar el en parlamento catalán los presupuestos más antisociales jamás aprobados en la historia de ese parlamento. Miles de personas, indignadas por esta medida que se iba a aprobar a las espaldas de la ciudadanía se movilizaron para impedir que se diese lugar ese acto. Como medida preventiva, las fuerzas de seguridad autonómicas cerraron las puertas metálicas del parque, encerrando el parlamento con los animales del zoo. Y la protesta se centró en el exterior del parque, mucha gente durmió la noche anterior y el resto se congregó a la mañana siguiente. Pero los parlamentarios estaban aún por llegar, y por lo tanto tenían que entrar por donde estábamos los manifestantes, aunque el Conseller de Interior, Felip Puig, tenia otras opciones.

Asamblea previa noche del 14 de junio 2011 - directa.cat

Asamblea previa noche del 14 de junio 2011 – directa.cat

La insensibilidad que estos presupuestos demostraban frente a la situación extrema vivida por la población catalana, traducida en recortes en educación y sanidad, competencias claras del gobierno catalán, juntándose con los casos de corrupción que florecían cada semana en los periódicos, sólo crispaban la situación. El distanciamiento, la torre de Babel, el cerramiento del Parque de la Ciutadella y un President de la Generalitat llegando en helicóptero sólo confirmaba un gobierno y una clase política completamente distanciada de quienes estaban supuestamente representando y por lo tanto defendiendo, en el exterior del parque.

Tres meses después de lo ocurrido, se producen 20 detenciones de forma bastante aleatoria por toda Barcelona, por orden de la Audiencia Nacional de Madrid. Estas personas estuvieron detenidas durante varias horas en los calabozos de los Mossos d’Escuadra y finalmente salen con una citación judicial.

Dos años y medio después entre el 31 de marzo y 3 de abril de este año se les cita a declarar como acusados de atentado contra una alta institución del estado y atentado a la autoridad contra los parlamentarios, en un juicio muy curioso. En la acusación coinciden la Fiscalía, la Generalitat, el Parlament de Catalunya y el Sindicato de ultraderecha Manos Limpias.

98 días después, la Audiencia Nacional, con el voto particular del Juez Grande-Marlaska, ha acordado absolver a 18 de los finalmente 19 acusados, y condena al último por un delito de faltas. Pero además la Audiencia usa este caso para dar un toque de atención al estado y a los grandes medios diciendo que: “Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica.” Este tipo de escrito ha sido posible ya que es un caso que no afecta directamente al gobierno español sino a un gobierno autonómico, y además siendo el catalán.

Este caso ha sido un intento más de amedrentar cualquier tipo de protesta social mediante la judicialización de esta. Y como en casos que han sido bien asesorados, y con algo de suerte ya que las acusaciones no tenian donde agarrarse, quedan en la absolución o en penas simbólicas. El arrestar de forma arbitraria en cualquier tipo de manifestación o protesta es el mecanismo creciente que usan las instituciones del estado para impedir que la protesta social se propague y surta un efecto dominó. Como han dicho los jueces ahora o el mismo Pablo Iglesias la semana pasada, el control sobre los medios de pocos, es otra forma de acallar la protesta, la disconformidad con el status quo.

Pero este tipo de casos también ha supuesto un coste económico (sufragado mediante micromecenazgo) y anímico (impagable) para las personas encausadas injustamente. Y no hay que olvidar que esto es también otra forma más sutil, más personalizada y por lo tanto más barbárica de acallar la protesta. Un abrazo bien fuerte a las compañeras, sus familias y amigos que han vivido todo este tiempo de angustia e incertidumbre. Seguiremos apoyando siempre que lo pidan, bien como podamos.

L’invisibilització i criminalització de la protesta social

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Publicado en Crisis/Estafa, Educación, Paro, Política, Sanidad

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